Publicado el 5 de octubre de 2012.
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La
siguiente imagen es un extracto de la noticia publicada el 4 de
octubre de 2012 en El Heraldo de Aragón, sobre las deficiencias y el
inminente cierre del pabellón de nuestro pueblo.
En
dicho extracto, se informa de las últimas decisiones tomadas en
conjunto por la alcaldesa Solanas y el resto de concejales asistentes
a la comisión de hacienda del día 20 de septiembre (con la ausencia
justificada de Edmundo Núñez, Concejal y Portavoz del Grupo Popular
de San Mateo) quienes deciden por unanimidad aprobar, entre otros,
los siguientes asuntos: modificación de créditos, subrayados en
amarillo y refrendados en el pleno del día 27 de septiembre,
nombrando nada más que esos dos puntos tratados, pero sin dar
ninguna explicación al público asistente.
Como
se explica en la siguiente memoria de alcaldía, las modificaciones
de créditos tratan de lo siguiente: “Gastos judiciales” y
“Dietas Cargos Públicos” para asistencia a comisiones y plenos.
El
informe interno al que alude el artículo y que publicamos a
continuación, hace referencia a la sentencia del proceso perdido por
Jesús Villagrasa Letosa, recordando que
“en
ningún momento, más bien al contrario, los magistrados aluden a que
el querellante actúe ni como alcalde, ni en defensa de su propia
honorabilidad, la de su equipo de gobierno, ni la de la
administración municipal”.
Esto
último quedó bien patente cuando el abogado de Jesús Villagrasa
anunció al inicio del juicio que retiraba la demanda contra los doce
vecinos, pero siguiendo adelante solamente contra Edmundo Núñez.
Posteriormente, Villagrasa apeló a la Audiencia Provincial de
Zaragoza, tratando así de continuar con su persecución contra
Núñez, tal y como se desprende en la sentencia definitiva,
publicada en este blog.
Las
siguientes facturas, presentadas a cobro por el abogado de Villagrasa
contra el Ayuntamiento de San Mateo, muestran también como el
exalcalde usó de medios municipales para tratar de anular a un grupo
de vecinos de San Mateo que él creía que formaban la lista Popular
que se presentaría a las elecciones municipales de mayo de 2011.
En
la primera aparecen como motivo de la denuncia esas presuntas injurias
y calumnias que serían desestimadas por el fiscal, quien no apreció delito, y posteriormente desestimadas también por sentencias en 1ª
y 2ª instancia firme.
En
la segunda, directamente arremete contra los concejales populares y
el abogado que los representa, apenas unos días antes de las
elecciones de mayo de 2011, manteniéndose en los mismos términos y
citando a los denunciados a un acto de conciliación previo a la
querella criminal que ya no pudo presentar al perder la alcaldía y,
por tanto, el poder para manejar arbitrariamente los fondos
municipales. En conclusión, la defensa del honor valiéndose de los
recursos públicos.
Estas
facturas son sólo provisión de fondos. Lo que significa que son
anticipos de facturas definitivas que pueden incrementar aún el
total de las cantidades definitivas que el exalcalde pueda exigir al
Ayuntamiento, tales como la apelación a la Audiencia Provincial, el
gasto total del proceso y el resto de costas que aún queden por
pagar a quienes fueron denunciados, ya que fueron recurridas por el
abogado del exalcalde. (Se han pagado solamente las costas de dos
abogados representantes de tres vecinos, faltando aún las de otros
dos abogados que representan a 10 vecinos más.)
Con
todo lo expuesto, venimos a insistir que la partida de 9.000 €
destinados a gastos judiciales, que comprendería las provisiones de
fondos y el pago de costas de 3 vecinos, será a todas luces
insuficiente, dado que aún quedará por abonar el total de gastos
del proceso (apelaciones a la Audiencia, recursos a costas por
considerarlas excesivas... etc) más el pago restante de costas de
los otros 10 vecinos.
Como
hemos dicho, partida de 9.000 € insuficiente, solo un anticipo,
pero que abrirá la puerta al pago de una cantidad total que puede
llegar a triplicar la partida inicial, cargada a los presupuestos
municipales y, en definitiva, a los bolsillos de los contribuyentes
de San Mateo de Gállego, y aprobada, pero no explicada, con los
votos a favor de la alcaldesa, de los concejales socialistas, los de
CHA y el concejal imputado del PP.
En
cuanto a la partida de las dietas para cargos públicos, aprobadas en
la misma comisión de hacienda y posterior sesión de pleno (y
también sin explicar al público asistente), no nos parece ético en
absoluto que, habiendo agotado el presupuesto meses antes de lo
debido, y añadiendo la mala situación económica municipal, la
alcaldesa y los concejales aprueben una modificación de créditos
para poder seguir pagándose dichas dietas.